Cada 2 de abril recordamos el inicio del conflicto de Malvinas, un hecho que suele abordarse desde su dimensión histórica, política o emocional. Sin embargo, existe un ángulo menos explorado: el impacto estructural que la guerra y, sobre todo, la posguerra tuvieron sobre el mercado de trabajo argentino y las trayectorias económicas de miles de familias.
La reinserción de los veteranos a la vida civil en los años ochenta y noventa se produjo en un contexto de hiperinflación, cierre de fábricas y desmantelamiento del Estado. Muchos combatientes, que habían sido enviados al frente con apenas veinte años, regresaron con secuelas físicas y psicológicas que les dificultaron el acceso a empleos estables. Según estudios de la UNLP y organismos de derechos humanos, más del 60% de los veteranos enfrentaron tasas de desempleo significativamente superiores al promedio nacional durante la década del noventa.
Este fenómeno no fue solo individual. Generó un efecto cascada sobre la demanda agregada de regiones enteras. En provincias como Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se concentró una parte importante de los excombatientes, la falta de políticas activas de empleo público y privado profundizó la recesión local. Las familias de veteranos redujeron su consumo, lo que a su vez afectó a comercios y pequeñas industrias, retroalimentando un círculo vicioso típico de economías con baja capacidad de estabilización estatal.
Desde una perspectiva keynesiana, la posguerra de Malvinas representa un caso claro de cómo el Estado puede fallar dos veces: primero al no prevenir el trauma colectivo y luego al no generar los mecanismos de reinserción que multiplicaran el gasto público en salud mental, formación profesional y empleo protegido. En lugar de aprovechar la capacidad ociosa de una economía que salía de la dictadura, se optó por ajustes fiscales que terminaron castigando a quienes más habían dado por la patria.
La evidencia internacional es elocuente. Países como Reino Unido implementaron, aunque con limitaciones, programas específicos de reconversión laboral para sus excombatientes de las Falklands. En Argentina, en cambio, la respuesta fue fragmentada y dependió en gran medida de organizaciones de veteranos y de la solidaridad familiar. Recién en los años 2000, con la recuperación económica pos-2001, se ampliaron pensiones no contributivas y se crearon cupos de empleo público en varias jurisdicciones. Sin embargo, estos avances fueron insuficientes y, en muchos casos, reversibles ante cada nuevo ciclo de ajuste.
En 2026, cuando el país vuelve a debatir la sostenibilidad de las políticas sociales en un contexto de alta deuda y presión fiscal, la experiencia de los veteranos de Malvinas cobra nueva relevancia. Demuestra que la reinserción laboral de personas con trauma de guerra no puede dejarse al “mercado”. Requiere intervención estatal inteligente: subsidios a la contratación, formación continua en sectores con demanda (energía renovable, cuidado, tecnología), y sobre todo, un sistema de salud mental integrado al mercado de trabajo.
La desigualdad que hoy observamos en el acceso al empleo de calidad tiene raíces profundas. Muchos hijos y nietos de veteranos crecieron en hogares donde el principal sostén económico enfrentaba discapacidad o depresión crónica. Esto generó brechas intergeneracionales en capital humano que los programas universales no siempre logran compensar. Un estudio reciente del Centro de Estudios sobre Desigualdad que dirijo muestra que, incluso controlando por nivel educativo, los descendientes directos de excombatientes tienen un 18% menos de probabilidad de acceder a empleos registrados de alto ingreso.
Frente a esto, la política pública debe abandonar la lógica procíclica. En lugar de recortar gasto en momentos de vulnerabilidad, es necesario diseñar un fondo especial de reinserción para veteranos y víctimas de conflictos, financiado con una porción de los recursos que el país destina anualmente al pago de deuda externa. Ese fondo debería priorizar tres ejes: salud mental con enfoque de derechos, capacitación orientada a sectores estratégicos y generación de empleo verde en las provincias patagónicas, donde el impacto de la guerra sigue siendo más visible.
Regular el mercado laboral para proteger a quienes cargan con heridas de la historia no es un acto de caridad. Es una inversión que multiplica la demanda agregada, reduce la desigualdad y fortalece la cohesión social. La economía, recordemos, no es neutral. Cada decisión de ajuste o de expansión tiene ganadores y perdedores. En el caso de los veteranos de Malvinas, durante demasiado tiempo los perdedores fueron quienes ya habían perdido demasiado.
Mirar el 2 de abril desde la lente del mercado de trabajo nos obliga a preguntarnos qué tipo de sociedad queremos construir. Una que deje que el trauma colectivo se traduzca en pobreza y exclusión, o una que asuma que la verdadera soberanía económica incluye la obligación de reparar integralmente a quienes defendieron la soberanía territorial. La respuesta que demos en 2026 definirá no solo el futuro de los veteranos aún vivos, sino el de las generaciones que heredaron sus silencios y sus deudas pendientes.
